El Senado francés se preparó para votar este martes un ambicioso proyecto de ley destinado a regular la industria de la moda rápida, concentrándose especialmente en las prácticas de empresas como Shein, un gigante del comercio electrónico de origen chino. Este proyecto, que ya recibió el visto bueno de la Asamblea Nacional en marzo de 2024, busca sancionar a las empresas que no cumplan con las nuevas normativas y prohíbe los anuncios relacionados con la moda rápida. La votación supone un avance significativo en la lucha contra la contaminación y el sobreconsumo asociado con este sector, que ha visto un crecimiento exponencial en los últimos años, con el valor de los productos aumentando de 2.3 mil millones a 3.2 mil millones de euros entre 2010 y 2023.
La ministra de transición ecológica, Agnes Pannier-Runacher, destacó la «triple amenaza» que representa la moda rápida: fomenta el sobreconsumo, genera un desastre ecológico y perjudica la viabilidad de los negocios locales. A nivel nacional, los datos son alarmantes: se lanzan al mercado cerca de 48 artículos de ropa por persona cada año en Francia, mientras que 35 artículos son desechados cada segundo. La ley, si se aprueba, busca mitigar estos impactos mediante la imposición de nuevas regulaciones que presionen a las empresas a adoptar prácticas más sostenibles.
Sin embargo, el proyecto no está exento de controversias. El Senado, que está mayormente dominado por partidos de derecha, ha propuesto modificaciones al texto original para centrarse en las empresas de «ultra» moda rápida, como Shein y Temu, excluyendo a marcas francesas y europeas más posicionadas en la industria como Zara y H&M. La ponente del proyecto, Sylvie Valente Le Hir, se ha asegurado de que este cambio no penalice a las marcas que contribuyen a la economía local, enfatizando que «no se trata de hacer que las marcas francesas paguen un solo euro» por el impacto ambiental.
Además de las sanciones financieras, el proyecto también buscaría prohibir los anuncios y regular la comunicación ambiental de las empresas de moda rápida. Aquellas empresas que no cumplan con los estándares de «eco-puntuación» enfrentarán cargas fiscales que podrían elevar hasta 10 euros por producto para 2030. Esta medida ha generado críticas por parte del portavoz de Shein, Quentin Ruffat, quien argumenta que el proyecto afectar directamente el poder adquisitivo de los consumidores franceses y que cualquier intento de regular la moda rápida debe ser un esfuerzo colectivo en lugar de atacar a un solo actor.
Ante la inminente votación, organizaciones ambientales y el Sindicato de la Industria Textil (UIT) han expresado sus opiniones encontradas respecto al futuro del proyecto. Si bien algunos lo ven como un primer paso necesario hacia la sostenibilidad, otros advierten que la ley podría resultar ser un marco insuficiente para abordar los problemas críticos del sector. Con el Comité conjunto de senadores y diputados programado para reunirse en septiembre para afinar el texto final, el futuro de esta legislación crucial permanecerá en el aire por un tiempo, mientras se busca un equilibrio entre las necesidades económicas y la responsabilidad ambiental.
